Durante declaraciones públicas, el candidato de izquierda que espera ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo junio, declaró que el país tiene sus crisis, pero evitó calificar al régimen como autoritario.
Roberto Sánchez volvió a quedar en el centro de la discusión política luego de sus declaraciones sobre Venezuela, en las que reconoció la existencia de una crisis en ese país, pero evitó definir al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. La frase generó repercusiones en plena etapa electoral, cuando el candidato de Juntos por el Perú busca consolidarse como una de las principales opciones de la izquierda de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio.
Consultado públicamente sobre la situación venezolana, Sánchez optó por una posición ambigua: admitió problemas sociales, económicos e institucionales, pero no acompañó la caracterización que distintos organismos internacionales, gobiernos de la región y referentes políticos han utilizado para describir al régimen chavista. Esa postura abrió un nuevo frente de críticas por parte de sus adversarios, que lo acusan de minimizar las denuncias de persecución política, restricciones a las libertades y falta de transparencia electoral en Venezuela.
El debate no aparece aislado. En los últimos días también se difundieron cuestionamientos por presuntos vínculos políticos entre dirigentes de Juntos por el Perú y el chavismo, entre ellos viajes de militantes y referentes partidarios a Caracas, además de una carta enviada a Nicolás Maduro que fue exhibida en medios peruanos. Desde sectores opositores sostienen que estos antecedentes refuerzan las dudas sobre la orientación internacional que tendría un eventual gobierno de Sánchez.
La controversia se produce en un escenario electoral todavía marcado por la tensión. Según reportes recientes del conteo oficial, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar, mientras Sánchez conserva una ventaja ajustada sobre Rafael López Aliaga por el segundo puesto. El proceso quedó atravesado por impugnaciones, pedidos de auditoría y denuncias de fraude, aunque observadores internacionales señalaron que no encontraron evidencias de irregularidades sistemáticas.
Mientras tanto, la situación venezolana sigue siendo señalada por organismos de derechos humanos. Human Rights Watch advirtió sobre represión, detenciones arbitrarias y falta de publicación de actas detalladas tras las elecciones presidenciales de 2024, además de restricciones al espacio cívico y persecución a opositores. En ese contexto, las declaraciones de Sánchez no solo impactan en la campaña peruana, sino que también reabren la discusión sobre la relación de la izquierda regional con el régimen de Maduro.
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