Pese a los anuncios de Cancillería sobre el retorno de connacionales, familiares y su defensa legal sostienen que aún hay peruanos varados o incomunicados en Rusia, en medio de denuncias por presuntas redes de captación con falsas ofertas laborales.
La situación de los peruanos trasladados a Rusia bajo supuestas promesas de trabajo volvió a generar preocupación entre sus familiares. Aunque la Cancillería informó avances en los procesos de retorno, la defensa legal de varias familias denunció que el número de repatriados sería menor al comunicado oficialmente y que todavía existen compatriotas sin poder regresar al Perú.
El abogado Percy Salinas, quien representa a un grupo de familias afectadas, sostuvo que más de 600 peruanos habrían sido captados mediante engaños y enviados a zonas vinculadas al conflicto entre Rusia y Ucrania. Según su versión, muchos de ellos aceptaron ofertas laborales en áreas como seguridad, cocina o transporte, pero al llegar al extranjero habrían sido incorporados a actividades militares o trasladados a zonas de riesgo.
Los familiares también han denunciado dificultades para comunicarse con sus seres queridos. En algunos casos, aseguran que los mensajes se cortaron de manera abrupta o que solo recibieron audios breves en los que los afectados advertían que habían sido llevados al frente. A esto se suman denuncias de amenazas contra las familias, lo que habría provocado que varias personas eviten acudir a medios o presentar nuevos testimonios por temor a represalias.
Desde la Cancillería se informó que un grupo de ciudadanos peruanos ya fue repatriado y que se mantienen gestiones para atender a otros casos. Sin embargo, los allegados consideran que la respuesta estatal todavía resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. También cuestionan la falta de información clara sobre el paradero de quienes permanecen en Rusia y sobre las acciones concretas para ubicar a los desaparecidos.
El caso abre un debate sensible sobre la protección de peruanos en el exterior, especialmente cuando existen indicios de trata, engaño laboral o reclutamiento irregular. Las familias piden una intervención más firme del Estado peruano, no solo para acelerar los retornos, sino también para investigar a quienes habrían participado en la captación de ciudadanos vulnerables con promesas que terminaron convirtiéndose en una pesadilla lejos del país.
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